Jueves 11 de junio 2026
Un proyecto responsable, gradual y orientado a proteger la estabilidad económica
El Poder Ejecutivo ha decidido someter a la consideración del Congreso Nacional un plan de medidas económicas pro-crecimiento y de mitigación de los efectos de la crisis internacional. Es un plan responsable, gradual y equilibrado con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, proteger la estabilidad macroeconómica y crear espacio fiscal para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social.
El proyecto se cuida de no cargar el esfuerzo sobre los sectores más vulnerables ni sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
Al mismo tiempo que protege a las MiPymes, incluye alivios para la clase media y contempla medidas pro-inversión, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.
No estamos modificando el ITBIS general, no estamos tocando los productos de primera necesidad, no estamos modificando las tasas del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario —IPI—, pero tampoco se afecta a las MiPymes con aumento del Impuesto sobre la Renta empresarial; no estamos gravando con impuestos adicionales a los intereses ni a los dividendos locales; ni tampoco estamos gravando las plataformas digitales.
El principio que guía esta propuesta es claro: mayor esfuerzo donde existe mayor capacidad contributiva, más facilidades para quienes producen y se formalizan, y más protección para la clase media y los sectores vulnerables.
Proteger la estabilidad, el crecimiento y la equidad
El país mantiene fortalezas económicas importantes, pero enfrenta una restricción fiscal creciente exacerbada por una sucesión de choques externos ininterrumpidos que iniciaron con la pandemia en el 2020 y que incluyen el choque inflacionario internacional de 2021-2022 de los precios internacionales de los alimentos, los insumos agropecuarios y los precios de la energía como el petróleo, gas natural y el carbón, exacerbado luego por la guerra de Rusia-Ucrania.
Para enfrentar el brote de inflación más grande en los países desarrollados en los últimos cuarenta años, los Bancos Centrales a nivel mundial se vieron en la necesidad de hacer aumentos en las tasas de interés a partir del año 2022 con el esperado resultado de una desaceleración en la actividad económica global.
El año pasado ocurrió el cambio de la política comercial de Estados Unidos, el más grande en casi cien años y que marcó para muchos el fin de la era de la globalización comercial. Y este año la guerra en el medio oriente ha constituido, en palabras de la Agencia Internacional de Energía, la disrupción más grande en la historia del mercado petrolero.
El Gobierno ha navegado esta sucesión de choques con éxito, demostrando un manejo diestro de la política monetaria y un manejo prudente de las finanzas públicas que incluso han permitido una reducción de la deuda pública a partir del año 2020. Esto ha sido reconocido por los organismos internacionales y por las calificadoras de riesgo, quienes incluso en esta coyuntura tan retadora han mejorado la calificación del país.
El aumento continuo de la inversión extranjera directa a partir del 2021 es la señal inequívoca de que la comunidad internacional apuesta al país en el largo plazo y da un voto de confianza al manejo macroeconómico y a la madurez de nuestra clase política.
Pero la situación actual exige decisiones responsables para preservar la estabilidad, reducir presiones de endeudamiento y evitar que la población más vulnerable sufra desproporcionadamente por una crisis internacional que no creamos nosotros.
Las medidas que estamos proponiendo nos permitirán seguir moderando los traspasos de los precios internacionales a los precios domésticos de combustibles y alimentos, sin que el déficit fiscal aumente desproporcionadamente. También evitarán ajustes contraproducentes en la tarifa eléctrica.
Es importante destacar que los dominicanos estamos pagando los combustibles a un precio equivalente del barril de petróleo de unos 77 dólares.
A un precio del petróleo de 95 dólares, si queremos eliminar el subsidio, el aumento promedio en los precios de los combustibles en el país debería ser de casi 50 pesos adicionales; y de 60 pesos si el precio del petróleo estuviera en 100 dólares. Esto sería inviable para las familias dominicanas.
La política de subsidios del Gobierno ha permitido contener las presiones inflacionarias. De no ser por esta política la inflación estuviera en la actualidad en el rango de 7%-8%, en lugar del 5% actual.
Mientras otros países de la región han decidido traspasar un porcentaje mucho mayor del choque internacional a los precios domésticos, el Gobierno dominicano ha actuado con prudencia dado los niveles de persistencia e incertidumbre de esta crisis internacional, realizando a la fecha un aumento promedio de un 15% en los precios de los combustibles, frente un promedio de la región de casi un 30%. El principio que nos guía es la responsabilidad fiscal con sensibilidad social, tratando en todo momento de proteger a los grupos más vulnerables de la población.
El Gobierno está haciendo su aporte y sacrificio, manejando las cuentas fiscales con prudencia y responsabilidad. En el 2025 el gasto corriente cayó en 0.5% del PIB (equivalente a unos RD$ 40,000 MM a precios actuales); a la vez que aumentó el gasto de capital.
En los últimos años hemos eliminado y/o fusionado instituciones gubernamentales; y el gasto en publicidad, del que tanto se habla, ha estado en mínimos históricos en términos relativos en este periodo de Gobierno.
Desde que se inició la crisis, el Gobierno ha realizado esfuerzos importantes para ajustar partidas de gasto como publicidad, viajes, viáticos, pasajes y eventos. También hemos reducido el gasto en compras de bienes y servicios; y transferencias corrientes no prioritarias.
Hemos dado prioridad a los gastos indispensables para el manejo del Estado y creado espacio para la reasignación a subsidios esenciales en esta coyuntura. También estamos haciendo esfuerzos para mejorar la focalización de los programas de protección social para que éstos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Por esta combinación de medidas esperamos un ajuste del gasto público de al menos RD$ 35,000 millones durante el año. Pero hacer recortes adicionales impactaría negativamente sobre los sectores más vulnerables al poner en riesgo la calidad de los servicios básicos que provee el Gobierno como educación, salud, seguridad y protección social. Tampoco es razonable hacer una reducción de la inversión pública en esta coyuntura.
Por estas razones estamos proponiendo una estrategia de ingresos con un alcance moderado que procura una recaudación estimada entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones.
La propuesta busca corregir distorsiones del sistema tributario, combatir la evasión y la informalidad, simplificar obligaciones para contribuyentes, apoyar la inversión privada y generar recursos adicionales bajo un compromiso explícito de transparencia y rendición de cuentas.
No estamos diseñando una un plan fiscal para frenar la economía. Al contrario: esta propuesta incluye incentivos concretos para invertir, exportar, formalizar y producir más.
Un sistema tributario moderno no solo debe recaudar. También debe eliminar cargas innecesarias, facilitar la formalización y acompañar la competitividad del país.
Antes de pedirle más a quienes ya cumplen, el Estado tiene que hacer más simple el cumplimiento tributario y cerrar los espacios de evasión, informalidad y privilegios mal utilizados. Esa es una condición básica de credibilidad.
El proyecto incluye medidas específicas para apoyar a la clase media, Esta reforma corrige distorsiones acumuladas y reconoce que la justicia fiscal también implica proteger al trabajador que cumple.
Combate a la evasión, la informalidad y los abusos
El proyecto dota a la Administración Tributaria de nuevas herramientas para combatir el incumplimiento fiscal, la informalidad y prácticas que erosionan la base tributaria.
La evasión y la informalidad no son gratis. Cuando algunos no cumplen, terminan pagando más los que sí cumplen. Esta reforma busca corregir esa inequidad.
Transparencia y rendición de cuentas
El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados.
Esta reforma no puede ser un cheque en blanco. Cada peso adicional debe ser explicado, reportado y justificado ante la ciudadanía. La confianza no se exige: se construye con datos, resultados y transparencia.
Esta semana haremos un aumento moderado en los precios de los combustibles, pero con el compromiso de congelar los precios al menos durante tres meses, siempre y cuando el precio promedio del barril del petróleo no exceda los 95 dólares. De igual forma, nos comprometemos a no mover la tarifa eléctrica en esta coyuntura.
Esto lo podremos hacer si contamos con los recursos adicionales que esta propuesta nos va a generar. El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de la propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables.
Vamos al Congreso con una propuesta seria y bien pensada. Lo importante es preservar tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos.
